Autores: Fernando Lorenzo y Gonzalo Zunino
En el presente trabajo se procura analizar y cuantificar los potenciales impactos macroeconómicos de la transición demográfica en Uruguay. En este sentido, se pretenden abordar las principales implicaciones que se derivan del proceso de envejecimiento de la población, identificando la influencia de este proceso sobre la dinámica económica de largo plazo de la economía uruguaya.
La transición demográfica es un fenómeno estructural que se viene produciendo a diferentes velocidades en todos los países. Si bien se trata de un fenómeno cuyas repercusiones desbordan la esfera económica, es indiscutible que este proceso impacta sobre el comportamiento de los actores económicos, así como sobre una amplia gama de políticas públicas que involucra cuantiosos recursos de los presupuestos gubernamentales.
Las dimensiones económicas de la demografía se manifiestan de múltiples maneras. La teoría económica ha aportado abundantes y sólidos argumentos relacionados con los mecanismos a través de los cuales la dinámica poblacional y la disponibilidad de capital humano influyen sobre el crecimiento, por lo que el estudio de la influencia de los factores demográficos cobra especial significación al analizar las tendencias de largo plazo de las economías modernas.
Desde el punto de vista macroeconómico, la importancia de la demografía va más allá de la relevancia que ésta tiene sobre las posibilidades de expansión económica. En particular, la evolución de la población tiene importancia al analizar el comportamiento de consumo de los hogares e incide sobre la disponibilidad del ahorro interno necesario para financiar la acumulación de capital. Las tendencias demográficas influyen, no sólo sobre el comportamiento del consumo a nivel agregado, sino también a la hora de determinar la composición del gasto público y privado a nivel agregado.
En Rofman, R., Amarante, V., I. Apella (eds.) Cambio Demográfico y Desafíos Económicos y Sociales en el Uruguay del Siglo XXI, pgs. 229-271. Publicado por el Banco Mundial y la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL).