En estos días se han conocido las opiniones de diversos analistas y representantes de cámaras empresariales respecto a la pauta elaborada por el gobierno como referencia para las negociaciones salariales de la undécima ronda de Consejo de Salarios.
A los efectos de analizar la consistencia de las pautas corresponde considerar, al menos, tres aspectos. Por un lado, su consistencia interna, evaluada en términos de coherencia con las expectativas de crecimiento de la economía en los dos próximos años y con las expectativas actuales en materia de crecimiento del empleo. Por otro lado, la consistencia con la meta de inflación establecida por el Banco Central del Uruguay (BCU). Ambos aspectos requieren analizar si las pautas propuestas contienen elementos de desindexación.
De acuerdo a las proyecciones de cinve, la economía uruguaya podría alcanzar un crecimiento real en 2025 del 2,7% y del 2,2% en 2026. El incremento real de los salarios establecidos en las pautas, en el primer año sería del 1,5% y del 0,9% en el segundo, respectivamente. A largo de este bienio el crecimiento promedio anual se ubicaría, aproximadamente, en el 2,5%, en línea con la expansión del producto potencial para dicho periodo (2,5% anual).
De concretarse en las negociaciones, los incrementos salariales establecidos en las pautas, el incremento del salario real promedio en los dos años sería del 1,2%, consistente con un incremento del empleo de algo más de un punto porcentual. Este guarismo de expansión del empleo es alcanzable, incluso, si se registra un enlentecimiento del ritmo de crecimiento del empleo en lo que resta del período respecto a los primeros cinco meses de este año. En este contexto, la participación relativa de la masa salarial en el PIB no sufriría un deterioro, estableciendo una diferencia en relación a lo ocurrido a lo largo del quinquenio 2020-2024.
Las pautas salariales se proponen introducir elementos orientados a mejorar los ingresos de los trabajadores de menores ingresos. Un grupo de investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UdelaR (De Rosa, Sánchez, Vigorito y Vilá) alertó sobre los efectos asimétricos a que dio lugar la recuperación salarial en términos de ingresos per cápita promedio de los hogares en el período 2019 – 2023. Los nuevos lineamientos para la negociación pretenden poner estimular una recuperación salarial diferencial para los salarios más bajos, compatibles con las expectativas de crecimiento de la economía y con la meta de inflación establecida por el BCU. El diseño propuesto permitiría que el 94% de los asalariados pueda obtener aumentos en sus salarios reales, obviamente, siempre que la tasa de inflación se ubique en línea con la meta del 4,5%. De hecho, tendría que registrarse una inflación mayor al 6,3% – 6,9% en el primer año, para que los trabajadores del nivel 2 y del nivel 1 de la pauta del Poder Ejecutivo no obtuvieran aumentos de sus salarios reales, lo que con la información disponible parecería poco probable.
Las pautas propuestas se enmarcan en un proceso de reducción de la inflación, que parece converger hacia la meta establecida por el BCU. Las expectativas de los analistas y de los empresarios se han ido modificando a la baja. Los últimos relevamientos del Instituto Nacional de Estadística muestran la desaceleración del crecimiento de los precios, impulsado fundamentalmente por el comportamiento de los precios de los bienes y servicios transables. No hay elementos para pensar que este proceso se revierta en el corto plazo.
La capacidad de desindexar que contienen las pautas salariales constituye otro de los aspectos sobre el que se han realizado conjeturas y análisis políticos diversos. En nuestra opinión, estas pautas contienen lineamientos de ajuste salarial que intentan desacoplarse de la evolución semestral de la inflación observada. Para el primer año, los correctivos están diseñados en función de la inflación subyacente, más un margen de tolerancia diferencial para el nivel más bajo de remuneraciones (menores a $38.950), que es del 0,5% y del 1% para el nivel siguiente (entre $38.951 y $165.228). En el marco de un proceso de reducción de la tasa de inflación, se reduce casi a cero la probabilidad de que se requiera aplicar el correctivo al cabo del primer año.
Recién en el segundo año se pasa raya y se comparan los aumentos recibidos por los trabajadores con la inflación observada y sólo en caso que los aumentos recibidos fueran menores, operaría el correctivo correspondiente. Por tanto, la desindexación está presente en la pauta propuesta, ya los aumentos previstos se distancian temporalmente de la inflación.
¿Sólo hay desindexación cuando los aumentos del salario real son iguales a cero? Claramente, no. En una economía con una larga historia de inflación persistente, no parece viable que esa sea la forma de instrumentar los ajustes salariales, mucho menos sin un acompañamiento de desindexación de otro conjunto de precios que están atados a las variaciones del IPC.
Las pautas, también, prevén que en la negociación salarial se consideren heterogeneidades, por sector, por tamaño de empresa y ubicación geográfica. Del resultado de la negociación entre las partes, es que se podrán incorporar estos aspectos. El representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sólo interviene si no se alcanza un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Muchos actores bregan por una intervención estatal mínima. Incluso, en variados ámbitos, se defiende la desregulación. Sin embargo, estas mismas voces solicitan que las pautas establezcan en detalle los aumentos desagregados por sector, tamaño de empresa, ubicación geográfica entre otros. Cuando menos, esto merece catalogarse como una contradicción.
En síntesis, las actuales pautas parecen ser consistentes con una política de ingresos coherente con los compromisos asumidos por el actual gobierno con la ciudadanía, con la política monetaria delineada por el BCU, con una situación fiscal que impone restricciones y con las expectativas de crecimiento de la economía para 2025 y 2026.