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Cavilaciones de un desocupado: Parte 1/3 – Indefensión aprendida

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Si tocas y no te atienden
tendrás que cambiar la puerta

por Carlos Grau Pérez*

Para quienes el trabajo representa su única fuente de ingreso, estar desocupado seguramente constituya el acontecimiento económico más angustiante que les puede tocar atravesar. De vuelta a casa, Juan leyó un grafiti que lo dejó cavilando, decía: en el capitalismo si hay algo peor que ser explotado, es no serlo.

Desde que Juan perdió el trabajo, alternaba entre momentos en los que se sentía bien con otros en los que no se sentía nada bien. Miraba la puerta y recordaba una canción que solía escuchar camino al trabajo, fiero es de mirar a la puerta y no verle y no verle la salidapero hay que salir coraje porque afuera está la vida (1).  El sentido que le daba ahora a esa letra era otro. Sus estados de ánimo eran cíclicos y se preguntaba ¿cuántas personas pueden entrar en una persona? Cuando no se sentía bien consideraba que el éxito era algo nefasto. Entendía que su falso parecido con el mérito engañaba a las personas. Él se sentía engañado.

Para peor, sus estados de ánimo presentaban histéresis. No podía disfrutar plenamente de los momentos en los que se sentía bien a causa de la presencia de reminiscencias de los momentos en los que se sentía mal.

En ocasiones, esta situación le resultaba casi insoportable, entraba en crisis, sentía que nada podía hacer para modificarla. Entonces, se acordaba de lo que hacía un tiempo había leído en la Biblia, “El hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo” (2).

Sabía que mal de muchos es consuelo de tontos, pero también sabía que es consuelo al fin. Entonces, se abocó a buscar información acerca de la desocupación. Encontró un documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se establecía que hay en el mundo algo más de 190 millones de desocupados (3). Ese dato le causó escalofrío, pensó qué mal está la humanidad. Pero a su vez sintió el calor que da no sentirse solo.

Juan pensaba que, por si fuera poco, en el documento de la OIT al problema liso y llano de la desocupación le sumaba que una parte de los ocupados tienen empleos precarios, el ingreso que generan no les es suficiente para superar la línea de pobreza y además, en algunos casos, el empleo no se encuentra amparado por la seguridad social.

En sus cavilaciones Juan se decía, nos han vendido la idea y, la hemos comprado pagando un alto precio, seguramente como consecuencia del oligopolio del mercado de ideas imperante, que el empleo y la pobreza son como el agua y el aceite: no se mezclan. Siguiendo esa premisa, aunque después Juan concluirá que es falaz, surge que a efectos de combatir la pobreza hay que fortalecer a las empresas, que son las que demandan trabajo. Se escuchan, entonces, las voces que plantean la necesidad de reducir los costos de producción. Seguidamente, para lograrlo, esas mismas voces proponen la disminución de los salarios.

Esta línea de razonamiento parece lógica, pensaba Juan, aunque no le terminaba de convencer. Le parecía que ese relato adolecía de problemas. A su entender, tenía al menos dos sujetos omitidos, el papel de la productividad y el de la demanda.

Los costos laborales, cavilaba Juan, se pueden reducir de dos maneras: bajando los salarios o aumentando la producción por trabajador. A lo largo de la historia la reducción de los costos de producción ha venido de la mano, fundamentalmente, de cambios en las formas de producir. En 1914, Henry Ford ofreció empleos a un salario que doblaba el salario de mercado vigente en Estados Unidos en aquel momento. La consecuencia fue un incremento de la productividad del trabajo de tal magnitud que generó una reducción de los costos de producción a pesar del incremento salarial. No obstante, Juan pensaba que las propuestas para fortalecer la posición competitiva de las empresas suelen apuntar exclusivamente a la reducción de los salarios. Estaba acostumbrado a escuchar ese pregón sin tregua, una y otra vez.

El otro sujeto omitido en el razonamiento, pensaba, es el papel de la demanda efectiva. Las empresas contratarán trabajadores en la medida que generen rentabilidad, para lo cual debe existir demanda que les permita vender su producción.

Juan se preguntaba qué pasaría si todas las empresas del planeta redujeran sus salarios. En este caso, ¿aumentarían su competitividad? Las situaciones en que las recompensas dependen del rendimiento relativo suelen denominarse competiciones. Participar en una competición implica tomar medidas para aumentar la probabilidad de estar relativamente mejor posicionado. Pero si todas las empresas reducen sus costos, su posición relativa se mantendría incambiada. A su vez, al reducirse el ingreso de los trabajadores, disminuiría la demanda global de bienes y servicios, salvo claro está, que estemos en un mundo de ensueños en el que la reducción salarial se trasladara totalmente a los precios provocando su reducción.

A Juan le vino a la cabeza la imagen de cuándo va al estadio y se pone de pie para poder ver mejor, luego otros también lo hacen, finalmente todos se paran. El resultado final es que nadie mejora su visión del partido y, además, en lugar de estar sentados, ahora están parados. O sea, cuando todos se paran no mejoran su visión y, por otra parte, están más incómodos. Pararse es una estrategia efectiva si no la ponen todos en práctica. Lo mismo me parece, decía Juan, pasa con la estrategia de reducir los salarios.

Juan estaba confundido, entendía que aumentar los salarios mejoraría la rentabilidad de las empresas porque aumentaría la demanda de los productos que ofrecen, pero, siempre hay un pero pensaba, también puede reducir la rentabilidad por cada unidad vendida.

Lo que en última instancia gobierna la dinámica del mercado de trabajo, especulaba Juan, es la rentabilidad del capital, y ésta no se encuentra en el banquillo de los acusados a la hora de buscar los factores responsables de la falta de competitividad. El precio al que venden las empresas se puede reducir tanto remunerando menos el trabajo, como remunerando menos el capital, lo que no implica no remunerarlo. Pero el poder oligopólico existente en el actual mundo de las ideas establece que todo lo que mejore la rentabilidad de las empresas implica ir en la buena dirección, independientemente de toda consideración acerca de su nivel. En cambio, todo lo que le ponga límites, implica ir en la mala dirección. No deberíamos olvidar, especulaba Juan, que como dijo Francisco de Quevedo, “lo mucho se vuelve poco con solo desear otro poco más”.

El binomio trabajo pobreza parece ser una de las señas de identidad del mercado de trabajo en nuestros tiempos. En vísperas de las elecciones generales británicas del año 2015, sesenta y cinco profesores de política social escribieron al periódico The Guardian: “En la actualidad, la mayoría de los niños y adultos en edad de trabajar que viven en la pobreza viven en hogares donde se trabaja, no donde no se trabaja. En otras palabras, e irónicamente a la vista de la retórica de la coalición, muchos de los que se ven obligados a solicitar las prestaciones por edad de trabajar que serán objeto de nuevos recortes no son lo que el Primer Ministro llama trabajadores sin empleo, sino, de hecho, familias trabajadoras’…» (4).

Mientras que en la década de 1970 el 3-4% de los hogares con empleo se encontraban en situación de pobreza, la cifra en 2000/1 era del 14%. Entre 1975 y mediados de los noventa, la incidencia de los salarios bajos para los hombres en el mercado laboral se ha duplicado “. (5) La tendencia no parece augurar nada bueno.

En el año 2022 había en Uruguay 353.000 personas que vivían en hogares pobres, de las cuales 129.025 eran niños. La tasa de pobreza resultante de dividir la cantidad de personas pobres sobre la población total fue del 9,9%, mientras que la tasa de pobreza infantil (proporción de personas pobres menores de 14 años en relación a la cantidad total de personas menores de 14 años) fue del 18,5%. Otra forma de dimensionar el fenómeno de infantilización de la pobreza es observando que de cada 100 personas pobres 36,5 son niños (6).

En 2022 el 86,3% de las personas pobres vivía en hogares donde entre sus integrantes había al menos un trabajador. De cada 100 personas pobres 29,3 eran trabajadores (6).

Si acotamos el análisis estrictamente al universo de los trabajadores formales, la situación es la siguiente. En el año 2022 había 34.000 trabajadores formales pobres, los que representan el 9,6% de los pobres totales. En hogares en los que habita el menos un trabajador formal en el año 2022 vivían 134.324 personas pobres, de las cuales 48.695 eran niños (6).

Para disminuir la pobreza, cavilaba Juan, sería necesario un incremento de los salarios, pero eso tiene un problema, según lo que había escuchado generaría desocupación. Por un momento dudó, se preguntó si el objetivo en lugar de disminuir la pobreza, no debería ser, abolir la miseria. Convencido de que debería ser lo segundo, decidió no obstante, por entender que en el corto plazo era más factible, analizar cómo alcanzar el primero.

Siempre había escuchado decir que, si se incrementa el salario, como consecuencia, se reduce el empleo. Lo que no se va en lágrimas se va en suspiros, pensaba. El beneficio que tendrían los trabajadores por un incremento de los salarios generaría un costo, la pérdida de empleos. Como dos caras de una misma moneda, los que mantienen el empleo se verían beneficiados al tener un salario mayor. Del otro lado de la moneda, estarían los que perderían, los que se verían perjudicados al quedarse sin empleo. Juan otra vez miró la puerta y no vio la salida.

No obstante, recordó que en el año 2021 el premio Nobel de Economía fue otorgado a académicos que en sus investigaciones demuestran que la suba del salario mínimo no genera pérdida de empleos. Juan sintió una ráfaga de aire fresco cuando leyó: «Garantizar salarios mínimos dignos a través de procesos legales o negociaciones colectivas es crucial para poner fin a la pobreza; invertir la tendencia a largo plazo de la disminución de la participación de los ingresos del trabajo; aumentar la demanda; y construir las bases para la recuperación, con empleos, trabajo decente y resiliencia, en un mundo cada vez más desigual«. Creyó, entonces, que había una salida.

Recordó que en Uruguay entre los años 2005 y 2014, como se muestra en el gráfico siguiente, donde el eje de la izquierda muestra la cantidad de puestos cotizantes del sector privado y el de la derecha el salario real, creció tanto el salario real como la cantidad de puestos de trabajo.

 

 

Como consecuencia, se incrementó el total de ingresos de los trabajadores, es decir la masa salarial. Pero además sucedió algo que Juan entendía era muy importante, la masa salarial creció en el período más que lo que crecieron el resto de los ingresos generados en la economía. Dicho de otra manera, creció el porcentaje que representa la masa salarial en el total de ingresos generados en la economía. Esto se puede observar en el siguiente gráfico (7).

 

 

Juan, como ya sabemos, disponía de tiempo libre y estaba dispuesto a destinarlo a entender la situación por la que estaba atravesando. Siguió buscando información en relación a la desocupación. En un informe en el que se estudian las consecuencias del desempleo a largo plazo (8), leyó: “Quienes están desempleados por un largo tiempo tienden a ganar menos una vez que encuentran nuevos puestos de trabajo. Ellos están en peor estado de salud y sus hijos tienen un peor rendimiento académico que quienes no perdieron el empleo”. Esta última lectura lo dejó preocupado.

Cuanto más se informaba, Juan más sentía que no estaba solo, sentía que formaba parte de un ejército de combatientes que enfrentaban las mismas vicisitudes en el mercado de trabajo. Pensaba con un poco de resignación, el futuro no es nada auspicioso, el progreso tecnológico podría empeorar aún más las cosas. Su resignación en ocasiones se mezclaba con la rabia.

 

El diagnóstico

Viendo que su situación no mejoraba, Juan decidió pedir ayuda, consultó a un psicólogo. Tras analizar sus síntomas, le diagnóstico indefensión aprendida. Inmediatamente, ante la cara de asombro de Juan, y antes que formulara la pregunta que el psicólogo adivinó, pasó a explicarle. La indefensión aprendida genera que una persona sienta y crea que haga lo que haga no va a poder cambiar los resultados de los acontecimientos, lo que después ocurra ya está determinado.

La indefensión aprendida entonces, cavilaba Juan, puede hacer que predomine en la sociedad la idea que no podemos escapar de una situación que afecta de manera negativa a mucha gente, por más que nos esforcemos en cambiar el actual estado de cosas una y otra vez.

Una sociedad afectada de indefensión aprendida percibiría que ya todo se ha intentado, pero para nada ha mejorado el actual estado de cosas. Esto lleva a que predomine la sensación de derrota, de impotencia, de falta de energías para afrontar los problemas. Se corre así el riesgo de aprender que no vale la pena hacer nada para modificar la realidad. Lo que podemos es adaptarnos de la mejor manera posible, rindiendo tributo a los planteos que nos hablan del arte de lo posible y descartan la posibilidad de moldear la realidad para poder hacer posible mañana, lo que hoy parece imposible.  Un hoy que Juan veía reflejado en los versos de Cadícamo, Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar” (9).

El mecánico de Cadícamo podría tomar como sugerencia, pensaba Juan, lo que planteaba quién escribiera la Biblia del capitalismo, Adam Smith, “ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y miserables. Es, por añadidura, equitativo que quienes alimentan, visten y albergan al pueblo entero participen del tal modo en el producto de su propia labor que ellos también se encuentren razonablemente alimentados, vestidos y alojados”.

Ya era muy tarde. Juan pensó en descansar para seguir mañana con sus cavilaciones. Le preocupaba entender por qué en el mercado de trabajo, a diferencia de lo que según escucha sucede en otros mercados, el desequilibrio es la norma y no la excepción. Quería entender por qué el desempleo es un fenómeno extendido a nivel global. Pensaba que, si lo lograba entender, quizás podría responder las preguntas que más le inquietaban en este momento, saber cuánto tiempo estaría desocupado, saber si en su nuevo trabajo recibirá el mismo salario que tenía cuando lo despidieron, saber en qué medida su situación laboral dependerá del ciclo económico y saber si, en caso de no encontrar trabajo en un tiempo razonable, recibiría algún apoyo por parte del Estado. Estas preguntas darán lugar a las próximas cavilaciones de Juan.

 

Referencias

  1. Canción de muchacho, Eduardo Darnauchans. Tema que da nombre a su primer disco.
  2. Proverbios 16:33
  3. OIT, (2023) Observatorio de la OIT sobre el mundo del trabajo. Undécima edición.
  4. https://cepr.org/voxeu/columns/de-industrialisation-new-speenhamland-and-neo-liberalism
  5. Stewart, M (1999), “Low pay in Britain” in Gregg, P and J Wadsworth (eds.), The state of working Britain, Manchester.
  6. Estimaciones realizadas por cinve a partir de la Encuesta Continua de Hogares.
  7. BPS: Asesoría General en Seguridad Social, (2017), Análisis de la evolución de la masa salarial, puestos cotizantes y remuneración promedio declarados en la nómina del Banco de Previsión Social, 2005-2017.
  8. Banco Mundial, (2015), El desempleo daña la salud en Latinoamérica.
  9. Al mundo le falta un tornillo, Enrique Cadícamo.

 

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(*) Carlos Grau Pérez es Economista, Investigador del CINVE, Docente Universitario, Master en Economía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Imagen de José Manuel de Laá en Pixabay

El aumento del déficit fiscal y el ciclo electoral

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Silvia Rodríguez-Collazo (*)

El progresivo desmejoramiento de las finanzas públicas que se ha venido registrando durante los 12 últimos meses, indica que se está volviendo a manifestar un fenómeno observado en múltiples ocasiones en la historia económica de Uruguay, relacionado con lo que se conoce en la literatura de economía política de la política fiscal, como “efecto del ciclo electoral”.

En esta oportunidad, el efecto del ciclo electoral está ocurriendo en un contexto diferente al observado en el pasado, en la medida en que la adopción de la nueva regla fiscal basada en el denominado Resultado Fiscal Estructural (RFE) debiera operar, por un lado, como factor de amortiguación del sesgo pro-cíclico de la política fiscal y, por otro, pondría a las finanzas públicas a resguardo de excesos de discrecionalidad por parte del gobierno de turno, que suelen acontecer en las instancias previas a los actos electorales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha publicado recientemente el resultado fiscal del año móvil que culmina en setiembre de 2023, mostrando un nuevo deterioro, continuando una trayectoria que se ha venido observando en las cuentas fiscales desde octubre de 2022. Desde entonces, la evolución del resultado de las finanzas públicas ha seguido una dinámica caracterizada por un aumento persistente de la posición deficitaria.

 

¿Qué dicen las estadísticas fiscales?

La información reciente del comportamiento del resultado fiscal, que se presenta en los cuadros y gráficos del Panel 1, muestra de manera inequívoca que, desde los últimos meses de 2022, se ha asistido a un persistente aumento del déficit fiscal, que se aprecia tanto cuando se consideran las cifras correspondientes al consolidado del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (GC-BPS), como cuando se considera el Sector Público Global (SPG), incorporando el resultado de las empresas públicas, del Banco Central y otros organismos.

Al mes de setiembre de 2022 el resultado acumulado de 12 meses del GC-BPS se ubicaba en -2,5% del PIB, y a setiembre de 2023 el mismo alcanza el -4,0% del PIB, lo que implica un incremento del resultado deficitario en el entorno de los USD 1.000 millones. El incremento del déficit se explica tanto por la caída de ingresos y el aumento de egresos. Por su parte, si se considera la información referida al SPG se observa un comportamiento similar, pasando la posición deficitaria desde el 2,6% del PIB en setiembre de 2022 al 4,3% del PIB en el mes de setiembre del corriente año.

Los datos del Panel 1 permiten apreciar el comportamiento de las variaciones mensuales del resultado fiscal del GC-BPS y del SPG, quedando en evidencia que el último mes en que se registró una mejoría en el resultado fiscal fue en setiembre de 2022. Desde entonces, las variaciones han sido negativas, o, en el mejor de los casos nulas, lo que evidencia el deterioro continuo que han mostrado las finanzas públicas.

 

En este periodo, los intereses de la deuda pública, los resultados de las empresas públicas y el resultado del Banco Central del Uruguay han registrado variaciones moderadas, por lo que el principal determinante del incremento de las posiciones deficitarias del SPG, es atribuible, fundamentalmente, a las trayectorias divergentes entre los ingresos y los egresos primarios del GC-BPS. Si se observa el Panel 2, se advierte con claridad que la brecha comienza a amplificarse a partir de agosto de 2022, momento en que ambas magnitudes coinciden (en 26,7% del PIB). El incremento del gasto primario y la reducción de los ingresos primarios aparecen, entonces, como los rasgos más salientes del agravamiento del déficit fiscal desde el mes de octubre de 2022.

 

 

Más allá del factor preponderante en los 12 meses previos, en el mes de setiembre de 2023 el deterioro de la posición fiscal es atribuible al comportamiento del resultado de las Empresas Públicas, más específicamente de ANCAP, por la parada técnica de las actividades de la refinería de petróleo. Según la información divulgada por las autoridades de la empresa, la interrupción del normal funcionamiento de la Planta de La Teja se extendería hasta el primer trimestre de 2024, por lo que es probable que este factor continúe siendo determinante de la evolución de las finanzas públicas hasta el mes de marzo del próximo año.

 

La realidad y las proyecciones oficiales

Las proyecciones oficiales aportadas por el MEF en ocasión del tratamiento parlamentario de la Ley de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2022 incluían previsiones acerca de la evolución futura del resultado fiscal del GC-BPS y del SPG. Para el año 2023 el gobierno espera un resultado deficitario del GC-BPS equivalente al 3,2% del PIB y para el SPG del 3,3% del PIB. Para 2024 y para los tres años siguientes, que corresponden al próximo periodo de gobierno, el MEF consideraba que se produciría una progresiva mejora del resultado fiscal, impulsada por un incremento lento pero sistemático de los ingresos primarios del GC-BPS y por una progresiva reducción de los egresos primarios del GC-BPS.

Habiendo conocido los datos correspondientes a los nueve primeros meses del presente año, parece evidente que para el año 2023 no se cumplirían las proyecciones oficiales acerca del déficit fiscal, ya que el ensanchamiento del desequilibrio de las finanzas públicas por la ampliación de la divergencia entre ingresos y egresos primarios no parece ser un fenómeno que pueda revertirse en los tres meses que restan del año.

 

¿El resultado fiscal advierte la presencia de un nuevo ciclo político electoral?

Para ningún analista económico es una novedad que las recurrentes fluctuaciones cíclicas del nivel actividad tienen una influencia determinante en el comportamiento de las finanzas públicas. De hecho, entre los principales argumentos que se suelen esgrimir para defender la conveniencia de la adopción de reglas fiscales que incorporan correcciones cíclicas de las magnitudes fiscales, como es el caso de las reglas del tipo RFE, refieren precisamente al impacto que tienen las fluctuaciones macroeconómicas sobre las finanzas públicas.

Tampoco debiera ser una novedad que los ciclos electorales suelen manifestarse en el comportamiento de la política fiscal. En la literatura internacional, los trabajos de Alesina y Perrotti (1994) y de Calmfors y Wren-Lewis (2011), y a nivel nacional el estudio de Aboal et al. (2003) muestran que el “oportunismo político”, que se expresa en las decisiones de ingresos y gastos públicos orientadas a mejorar los resultados electorales del partido de gobierno, representa uno de los principales factores que explican por qué el resultado fiscal se deteriora a medida que se acercan las instancias electorales. En la lógica de los ciclos electorales, en los periodos previos a las elecciones, los gobiernos suelen incrementar el gasto público por encima del nivel sustentable a largo plazo y, en algunos casos, disminuyen la carga tributaria, reduciendo así las fuentes de financiamiento del sector público.

En el caso de Uruguay, el trabajo de Aboal et al (2003) analiza y contrasta empíricamente la existencia de comportamientos típicos de los ciclos electorales en las finanzas públicas, considerando datos que abarcan el período comprendido entre los años 1925 y 2000. Los autores encuentran que el resultado fiscal en nuestro país sigue un patrón similar al sugerido por los modelos teóricos antes mencionados. La evidencia presentada permite concluir que, en promedio, los gobiernos de la segunda posguerra han sido propensos a incrementar el gasto en los periodos pre-electorales por encima de los niveles de ejecución presupuestal de los primeros años de cada administración, con las consiguientes consecuencias en términos de aumento del déficit fiscal.

Las regularidades históricas detectadas en el caso de Uruguay, no permiten descartar que, al menos en una parte del siglo XX, el ciclo electoral ha tenido influencia en el comportamiento de las finanzas públicas. La trayectoria del gasto público primario y de los ingresos del Estado que se ha venido observando desde finales del año 2022 parece indicar que la lógica del ciclo electoral estaría presente en la actual orientación de la política fiscal.

Como puede apreciarse en el Cuadro 1, la interrupción de la tendencia descendente del déficit fiscal que se había observado en los dos años posteriores a la pandemia pone de manifiesto que la regla fiscal de RFE adoptada por el gobierno no ha sido capaz de lograr el objetivo deponer a resguardo a las finanzas públicas del “efecto de los ciclos electorales”, tal cual sugieren Alesina y Perrotti (1994) y Calmfors y Wren-Lewis (2011).

 

En síntesis

La trayectoria que ha tenido el déficit fiscal en Uruguay desde finales de 2022 representa una señal de alerta respecto a la posible reversión del proceso de consolidación fiscal al que se había comprometido el gobierno una vez superados los impactos más relevantes de la pandemia. El incremento de los riesgos fiscales ya había sido señalado por el Consejo Fiscal Asesor (2023) en febrero del presente año, cuando recién comenzaba a insinuarse el deterioro del resultado fiscal que se ha exacerbado en lo que va del año. La continuidad en el tiempo de esta tendencia estaría señalando debilidades de las disciplinas basadas en reglas fiscales, en especial, el tipo de institucionalidad fiscal y el diseño de regla fiscal adoptado en nuestro país no constituye una garantía suficiente para evitar el sesgo pro-cíclico de la política fiscal, ni tampoco la presencia de comportamientos típicos de los ciclos electorales.

 

Referencias bibliográficas

Aboal, D., Lorenzo, F., Moraes, J.A. y G. Oddone (2003). “La Economía Política de los Déficits Fiscales en Uruguay”, en Aboal, D. y J.A. Moraes (eds.) Economía Política en Uruguay. Instituciones y actores políticos en el proceso económico. Ediciones Trilce.

Alesina, A. y R. Perotti (1994). “The political economy of Budget déficits”. NBER, Working Paper 467.

Clamfors, L. y S. Wren-Lewis (2011). “What should Fiscal Councils do?”. CESifo Working Paper
No. 3382.

Consejo Fiscal Asesor (2023). “Informe sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural al cierre del año fiscal 2022”.  Febrero 2023. Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/politicas-y-gestion/informes-del-consejo-fiscal-asesor

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(*) Investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), Investigadora del Instituto de Estadística (IESTA) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Universidad de la República, Uruguay. (Twitter: @SilviarCollazo, correo: [email protected])

Cambios estructurales en la volatilidad del crecimiento económico en Uruguay y los países del Mercosur

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Nueva publicación en Revista Desarrollo y Sociedad N°95 de nuestros investigadores:
Bibiana Lanzilotta, Gonzalo Zunino y Rafael Mosteiro

Resumen

Este artículo investiga los cambios estructurales en la volatilidad cíclica del crecimiento de las economías de Uruguay, Argentina y Brasil entre 1980 y 2018. Poniendo el foco en lo sucedido en Uruguay, se analiza la existencia de quiebres  estructurales  en  la  volatilidad  cíclica  del  producto  interno  bruto  (PIB)  controlado por la volatilidad internacional, siguiendo los procedimientos originalmente aplicados en McConnell y Perez-Quiros (2000) y en Stock y Watson (2002; 2003).

Los resultados evidencian que, luego de la crisis económica del 2002, Uruguay habría experimentado un cambio en la volatilidad cíclica del PIB que implicó una reducción de la volatilidad de más del 50 %. Brasil presenta un quiebre en la volatilidad cíclica en forma más temprana (en 1994) y Argentina  no  presenta  quiebres  en  su  volatilidad.  Los  resultados  obtenidos  para  Uruguay descartan que la reducción de volatilidad observada responda principalmente a un escenario de reducción de volatilidad externa, también conocido como “hipótesis de la buena suerte”.

Palabras  clave: volatilidad  cíclica,  quiebre  estructural,  desacople,  Mercosur,  Uruguay.

Código JEL: E32, C22

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El Defensor del Contribuyente

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Gustavo Viñales Guillama (*)

Sin grandes ecos en las redes sociales y sin llegar a los medios de comunicación masiva, en Uruguay se encuentra a estudios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley sobre los “Derechos y garantías de los contribuyentes frente a las administraciones tributarias”.

Para contribuir al debate, tuvimos el agrado –como Coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas (cinve)– de participar y dar opinión ante los miembros de la Comisión de Hacienda.

Más allá del contenido específico de dicha comparecencia, al que se puede acceder a través de la consulta de la versión taquigráfica de la sesión, o de las opiniones que allí se expresaron, desde el punto de vista técnico lo más conveniente sería que el análisis de la iniciativa no se circunscriba conceptualmente a la problemática específica de las grandes empresas, y por cierto, a la de sus asesores tributarios, frente a la Dirección General impositiva (DGI). El abordaje de este tema debería incluir, de forma más general, a la relación de las personas y de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) con las Administraciones Tributarias, en la medida en que estas categorías representan en nuestro país más del 99,5% de los contribuyentes que se relacionan de forma cotidiana con la propia DGI, con el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección Nacional de Aduanas y, además, con 19 Administraciones Tributarias de los Gobiernos Departamentales (subnacionales).

En este marco, es importante comprender que, en las sociedades modernas las Administraciones Tributarias (AATT) han logrado transformar su Misión y su Visión, dejando atrás el tradicional posicionamiento dónde el objetivo quedaba subordinado a un sistema de policía fiscal, ya que las recaudaciones de tributos representan las fuentes de financiamiento más importantes de las políticas públicas, pasando a concebirse como verdaderos centros de servicios que, para cumplir con sus cometidos esenciales, deben facilitar el cumplimiento voluntario de los obligados tributarios (los contribuyentes). Desde esta perspectiva, las AATT deben poner el acento en la minimización de los costos de cumplimiento de las obligaciones, tanto en lo que refiere al tiempo insumido por los contribuyentes, como en lo relacionado con el asesoramiento técnico para el pago de los diferentes tributos. Obviamente y en paralelo, las AATT modernas buscan fortalecer, de forma cada vez más nítida, los sistemas de control del fraude fiscal y el combate directo a la informalidad, en buen romance, la evasión y la elusión tributaria.

Sin embargo, más allá de los necesarios cambios y de los procesos de actualización que requieren las distintas AATT de nuestro país para cumplir con sus cometidos, resulta necesario que los esfuerzos de reformas se desplieguen en simultáneo con la creación de la figura del “Defensor del Contribuyente”.

El “Defensor del Contribuyente” es una entidad existente en la mayoría de las economías más avanzadas del mundo, aunque su presencia es muy escasa entre los países de la región. Por ello, con independencia de lo que ocurra con el proyecto de ley sobre “Derechos y garantías de los contribuyentes frente a las administraciones tributarias”, que entre otras cosas recoge derechos ya reconocidos en otras normas legales y en la propia Constitución de la República, el Poder Ejecutivo y el Parlamento deberían abordar de manera más urgente un conjunto de temas que hacen a la esencia misma de la facilitación del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y que debe compatibilizarse con un cambio de orientación en la lógica y el accionar de nuestras AATT con los contribuyentes.

Conjuntamente con los cambios de paradigmas en las AATT, actualmente se entiende que, con independencia del derecho de los contribuyentes a oponerse a las decisiones de una determinada Administración Tributaria que considere injustas o lesivas para sus intereses y de la existencia de instancias en que las mismas puedan dirimirse, a través de tribunales que den garantías de justicia e imparcialidad a ambas partes, que en nuestro país es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), los contribuyentes deben poder ejercer, también, como derecho, que las ATT actúen con celeridad y eficacia. Este tipo de actitud debería prevalecer no sólo en ocasión de una auditoría tributaria, sino que tendría que extenderse, también, al accionar de los servicios de información y de asistencia al contribuyente.

Las figuras del tipo “Defensor del Contribuyente” tienen, básicamente, tres funciones principales: i) recibir las quejas de los contribuyentes ante el funcionamiento anómalo, retrasos o inactividades de la Administración Tributaria; ii) recibir las iniciativas y sugerencias de los contribuyentes (personas físicas y jurídicas) para mejorar el funcionamiento de los servicios administrativos y para la simplificación del sistema tributario; iii) asistir a los ciudadanos en el ejercicio de sus peticiones ante la Administración Tributaria.

Adicionalmente, sería aconsejable que se emprendieran esfuerzos para mejorar la percepción y el grado de aceptación social con que cuenta el sistema tributario, en su sentido más amplio. Para ello y con el objetivo de servir como indicador del grado de aceptación con que cuentan las AATT en su relacionamiento con los contribuyentes y su evolución en el tiempo, la figura del “Defensor del Contribuyente” debería tener entre sus cometidos la elaboración de una memoria o un informe anual, en que se reflejen de manera regular y sintética sus actuaciones en esta materia y en que se sugieran medidas procedimentales o innovaciones normativas que se consideren convenientes para mejorar el funcionamiento de las AATT frente a los contribuyentes.

Es importante precisar la idea de que la creación de una figura de este tipo no debe ser una instancia para oponerse a las decisiones de una Administración Tributaria. Los reclamos o recursos de los contribuyentes acerca de sus obligaciones tributarias seguirán resolviéndose en la órbita del TCA. Se trata, por tanto, de impulsar en garantía de las grandes mayorías de contribuyentes (personas físicas y MIPYMES), la actuación eficaz y en plazo de las AATT en el marco de las decisiones y de las resoluciones administrativas que éstas adoptan de forma regular.

La creación del “Defensor del Contribuyente” requiere analizar de manera rigurosa aspectos relacionados con su ubicación en la estructura institucional, con la autonomía funcional que debe tener respecto a las propias AATT y con el presupuesto requerido para contar con capacidades técnicas y tecnológicas, por supuesto amparado en un marco normativo en que se establezcan los canales de comunicación formales con las AATT.

Los beneficios que generaría la existencia del “Defensor del Contribuyente” irían, principalmente, en favor de las mejoras de gestión de las AATT, mejoraría el grado de aceptación social del sistema tributario y contribuiría a disminuir el fraude fiscal y la informalidad. El fortalecimiento del ejercicio de los derechos en tanto contribuyentes por parte de las MIPYMES, seguramente, además de facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones, debería implicar mejoras en materia de productividad y contribuiría al desarrollo económico y social con cohesión social.

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(*) Contador Público (UdelaR). Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria (UNED, España). Profesor de la Maestría y de los Posgrados de Tributaria en la UdelaR. Investigador Asociado y Coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario de cinve.

 

¿Qué estamos pagando cuando subimos a un ómnibus del STM?

por Paula Decia *

«Cada vez que sube el precio de boleto, es frecuente que el tema se ubique en el tope de la agenda pública y sea motivo de análisis y comentarios en los medios de comunicación. En general, en dichas circunstancias se aprovecha para discutir si es adecuada la relación precio-calidad del sistema de transporte público de pasajeros, siendo recurrente que se formulen afirmaciones alarmistas del tipo “Montevideo tiene el boleto más caro del mundo”.

¿Tiene Montevideo el boleto más caro del mundo? La respuesta a esta pregunta debe ser contundente: claro que no.  … »

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(*) Paula DECIA. Economista egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República. Master en Planificación, economía y operación del transporte urbano y metropolitano de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Repensando en el fin de los beneficios fiscales a los autos eléctricos

por Gonzalo Márquez

«El uso de vehículos eléctricos está siendo promovido activamente por parte de los responsables de las políticas públicas a escala global. La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las notorias ventajas que tiene desde el punto de vista ambiental la energía eléctrica frente a los combustibles fósiles (derivados del petróleo y gas) han llevado a que los gobiernos implementen diversas medidas que apuntan a favorecer la adquisición de vehículos eléctricos, tanto para el uso particular, como para el transporte público.

Uruguay no ha permanecido ajeno a esta tendencia y, desde hace varios años, ha venido aplicando un amplio abanico de estímulos fiscales para alentar el uso de vehículos eléctricos.  … »

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Las externalidades en el transporte y la movilidad

Entrevista a María Eugenia Rivas *

«El estudio de las externalidades es una rama muy relevante de la economía. Una externalidad puede definirse como el impacto no compensado (positivo o negativo), que las acciones de una persona o empresa tienen en otros agentes de la sociedad. Ante la presencia de una externalidad negativa o positiva, la producción de bienes y servicios es demasiado grande o baja en relación a la socialmente óptima.

En el sector Transporte y Movilidad, la incorporación de las externalidades al análisis es fundamental puesto que muchos proyectos de transporte presentan fuertes externalidades como la contaminación, la congestión y la accidentalidad.

Sobre este y otros temas relacionados al vínculo entre las externalidades y el transporte y la movilidad es que conversamos con la Economista y experta en estos temas María Eugenia Rivas.

…»

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(*) María Eugenia RIVAS
Economista de transporte con más de diez años de experiencia en el sector, trabajando en equipos multidisciplinarios en organismos internacionales y servicios de consultoría. Tiene experiencia en diseño de políticas, investigación y regulación, gestión de proyectos y análisis económico en el sector transporte, con foco en movilidad urbana. Graduada de la maestría en Economía de Transporte de la Universidad de Leeds (Reino Unido).

SE ANTICIPA MAYOR TASA DE INFLACIÓN PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE.

Nuestra proyección de inflación para octubre es de 1,3%, explicada por algunos precios del componente residual (combustibles), los impactos de los Consejos de Salarios (fundamentalmente en no transables) y, principalmente, la incidencia de la devaluación del peso en setiembre y octubre.

Es posible que este aumento en octubre finalmente quede “repartido” en el trimestre con mayores incrementos en noviembre y diciembre de los previstos. Nuestros modelos están todavía recogiendo los comportamientos “históricos” de los precios, pese al cambio de base reciente.

En cualquier caso, reafirmamos nuestras proyecciones de inflación interanual dentro del rango meta del BCU hasta mediados del año 2024, pero valores fuera del rango para el segundo semestre, con un cierre del año próximo por encima de 7%.

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Aportes a la discusión sobre la regulación óptima de las plataformas

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¿Cómo regular los monopolios del siglo XXI? (1)

Martín Pereyra (*)

A partir de la primera década del siglo XXI las plataformas digitales han creado enormes cantidades de valor, al tiempo que han ejercido un efecto disruptivo sobre los modelos de negocios tradicionales. Su presencia supone un desafío para las agencias reguladoras, en parte debido a que las herramientas disponibles para corregir las fallas de mercado han quedado obsoletas. Lo único cierto es que las plataformas no desaparecerán pronto y que sus efectos en las industrias en que operan distan mucho de ser triviales. La complejidad del tema requiere, por tanto, comprender la naturaleza del debate acerca de la regulación óptima de este tipo de negocios.

 

¿Qué son?

Los modelos de negocios basados en plataformas digitales, en adelante plataformas, son entornos en los cuales a través de dispositivos tecnológicos de uso generalizado, como es el caso de las teléfonos celulares, se conecta a diferentes grupos de usuarios, cuyas interacciones generan beneficios para la plataforma. La definición es intencionalmente amplia, ya que el concepto subyacente abarca entidades como Airbnb, Uber, Google, mercados virtuales (Amazon, Ebay, Mercado Libre, Aibaba, …) y, también, las redes sociales. (2)

 

¿Qué efectos?

En 2009, sólo una de las diez mayores empresas del mundo era de base tecnológica (Microsoft). En 2014, tres de las diez mayores empresas globales eran de base tecnológica, con Apple liderando el ranking. En el año 2019, siete de las diez más grandes empresas del mundo eran de base tecnológica, tendencia que se mantiene hasta el presente. Los gigantes del siglo XXI ya no pertenecen a la industria automotriz, a la petroquímica, o a la energía, ahora son plataformas.

La incursión de las plataformas en varias industrias ha modificado las reglas del juego en más de una dimensión, empezando por la creación de valor donde antes no existía. El asiento extra en el automóvil particular, el cuarto disponible en una residencia o la oportunidad de compartir contenido audiovisual con millones de personas, entre otros, han pasado a tener valor económico. Estas nuevas modalidades de negocio están afectando, además, a las relaciones laborales, han generado nuevos modos de competencia y han provocado un aumento de la preocupación por el uso de los datos generados por las interacciones entre los usuarios.

Una de las dimensiones sobre las cuales las plataformas han impactado de manera determinante es en el vínculo tradicional entre empleado y empleador. Muchas plataformas se declaran intermediarios, o “matchmakers”, cuyo negocio consistiría sólo en facilitar un vínculo (“match”) entre diferentes usuarios. Bajo esta declaración entienden que no están obligados, en general, a cumplir con las regulaciones de los vínculos laborales formales. Algunas de las consecuencias sobre el mundo del trabajo son la mayor precariedad y volatilidad laboral, y menor acumulación de capacidades por parte de los trabajadores. Como ejemplo de una de las más recientes versiones de los impactos que están teniendo las plataformas sobre el mercado de trabajo, compañías como Uber y Lyft se oponen a que sus choferes obtengan un pago mínimo por viaje o por kilómetro de viaje, al tiempo que presionan a las ciudades para que sus choferes no sean considerados como empleados de las plataformas, sino como empresas unipersonales.

Las plataformas son entidades que se benefician de los denominados efectos de red: cuantos más usuarios la utilizan, mayor es el valor creado por la plataforma y mayor es la disponibilidad a pagar por parte de los participantes. Sin embargo, la posición dominante que ostentan muchas plataformas a partir de la explotación de estos efectos pone en discusión las condiciones de competencia de determinados mercados. En junio de este año Google fue demandado por Gannett, el mayor editor de periódicos de Estados Unidos, arguyendo que el gigante tecnológico hace un uso abusivo de su poder dominante en el mercado de la publicidad digital.

En cuanto a las redes sociales, no menos importante es la posibilidad de procesar enormes cantidades de datos acerca de los usuarios, lo que ha permitido en ocasiones un mal uso de esa información, como en el mundialmente conocido caso de Facebook y su vínculo con Cambridge Analytica.

En definitiva, la irrupción de las plataformas crea fuertes tensiones entre las metas sociales de promover el crecimiento económico a través de la innovación, versus la promoción y defensa de la libre competencia, la aplicación de las regulaciones actuales y la mitigación de las externalidades negativas.

 

¿Regulación sí, o regulación no?

Las actuales discusiones acerca de la naturaleza de la regulación de las plataformas se enmarcan en un debate histórico acerca de la pertinencia de la creación y aplicación de marcos normativos que velen por el bienestar común en casos donde las decisiones de los participantes de un mercado resultan en asignaciones subóptimas de recursos.

Al respecto, algunas escuelas de pensamiento abogan por la doctrina del “laissez faire”, promoviendo un marco normativo mínimo y que no entorpezca las decisiones de los agentes, confiando en que cualquier efecto negativo sobre el bienestar puede ser dirimido en una corte de justicia. De acuerdo a esta visión, las plataformas vienen a desafiar un marco regulatorio ineficiente, hecho a medida de las industrias establecidas, citando como ejemplo las regulaciones de la industria del alojamiento y del transporte. En esa línea, Airbnb y Uber son agentes innovadores que crean valor para los usuarios, destruyendo barreras a la entrada erigidas artificialmente, por lo que no deben ser reguladas.

Desde otras visiones, se promueven regulaciones que restrinjan el marco de acción de las plataformas, en el entendido de que las consecuencias negativas sobre el bienestar de la sociedad deben ser evitadas, aún al costo de prohibir determinadas acciones. Una de las dimensiones más relevantes de esta perspectiva, es que las regulaciones actuales no están diseñadas para lidiar con las plataformas. Tal es uno de los argumentos esgrimidos por Lina Khan, actual directora de la FTC –agencia regulatoria encargada de velar por la libre competencia en Estados Unidos– en su ya famoso artículo de 2017. Su exposición toma como ejemplo la situación de Amazon, una corporación que generó magros o escasos ingresos durante muchos años, vendiendo a precios muy bajos hasta lograr consolidarse como un gigante en varias líneas de negocios. Actualmente, Amazon es un mercado virtual, un proveedor de servicios de logística, una plataforma de pagos, una editorial, productor de contenido audiovisual, proveedor de servicios en la nube, etc. La autora explica que la doctrina sobre la cual se basa la regulación anticompetitiva de los Estados Unidos no está pensada para comprender los efectos de la estrategia de precios predatorios y de la posterior consolidación de varias líneas de negocios que tienen como consecuencia que una plataforma sea dueña de la infraestructura de la cual dependen sus competidores. Khan concluye que se necesita una mirada regulatoria actualizada para intentar corregir las prácticas anticompetitivas que puedan ejercer las plataformas.

También, hay quienes sugieren aplicar un poco de las dos visiones. En su análisis de la irrupción de Amazon en el sector de la salud en Estados Unidos, el profesor Scott Galloway sugiere que Amazon debería ser obligada a separar algunas de sus líneas de negocios, como los servicios de infraestructura en la nube (AWS) o sus servicios logísticos (Amazon Fulfillment), al mismo tiempo que se le debería permitir operar en la industria de la salud, sin restringir su accionar.

 

¿Qué se está discutiendo/haciendo?

Las agencias reguladoras de la competencia han estado recientemente muy activas en su misión de proteger la libre competencia y los derechos de los usuarios de las plataformas. Unos de los hitos más importantes fue la nominación de la administración Biden de Lina Khan como directora de la FTC, un claro mensaje para los gigantes tecnológicos. En setiembre de 2023 la agencia reguladora de Estados Unidos, junto a 17 Estados, acusaron a Amazon de llevar adelante prácticas anticompetitivas con efectos negativos tanto para los consumidores como para los vendedores usuarios de la plataforma. Este caso es uno de los más importantes, pero no el único. Amazon ya había sido llevada ante la justicia para responder sobre sus políticas de engaño o coerción para con sus miembros del servicio Amazon Prime por la misma FTC. Amazon argumenta que tales políticas no se han aplicado y que la empresa es objeto de una persecución por parte de la actual directora de la FTC.

Los Estados Unidos no son el único escenario en el cual se lleva adelante este intercambio de perspectivas. Las agencias reguladoras europeas han denunciado a algunos gigantes tecnológicos recientemente. En concreto, Microsoft y Amazon fueron denunciadas en este mes por la agencia reguladora del Reino Unido por prácticas anticompetitivas vinculadas a la provisión de sus servicios de infraestructura en la nube para clientes del Reino Unido; en julio la agencia reguladora española multó a Amazon y Apple por prácticas colusorias en detrimento de la competencia por el sitio web de Amazon en España.

Quizás el esfuerzo regulatorio más relevante a nivel mundial ha tenido lugar en la Unión Europea: la sanción de la denominada Digital Services Act (DSA). Se trata de un paquete de normas diseñadas con la intención de crear un entorno digital más seguro, que proteja los derechos fundamentales de sus usuarios, con igualdad de acceso para todos los jugadores. De acuerdo con el plan de aplicación de estas regulaciones, en abril del presente año se definió la lista de Plataformas en Línea de Gran Tamaño (VLOPs, por sus siglas en inglés), las cuales tienen que cumplir con las regulaciones más estrictas de la DSA. El umbral para ser considerada una VLOP es tener más de 45 millones de usuarios por mes en la Unión Europea. Esta lista comprende, naturalmente, a las plataformas más conocidas, como Alibaba, Amazon, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook y otras. (3)

La aplicación de este nuevo conjunto de regulaciones implica que todas las plataformas que operen en la UE, no solo las VLOPs, deben evitar la publicidad dirigida a niños, al igual que a cualquier grupo de usuarios definido en base a características como su orientación política, religión, orientación sexual y etnia. Estas características son definidas como características protegidas por la DSA. Las plataformas reguladas deben evitar diseños que de alguna manera guíen a los usuarios a tomar decisiones que las beneficien, por ejemplo, con botones de aceptación de determinadas condiciones de uso más llamativos, en contraste con el botón para optar por otra decisión.

Al amparo de la esta normativa, las VLOPs deben, además, regularmente cumplir con evaluaciones de riesgo independientes, que ayuden a determinar el riesgo de que un usuario manipule contenido con el objeto de incidir en algún acto eleccionario o que viole algún derecho humano. Las plataformas están obligadas a actuar para mitigar estos riesgos.

 

¿Qué ocurre en materia tributaria?

La discusión de la regulación de las plataformas está íntimamente ligada a los debates tributarios más actuales. El problema planteado se puede resumir en cómo gravar las rentas generadas por entidades que, en un mundo mayoritariamente de base territorial para la imposición sobre las rentas empresariales, utilizan de forma intensiva mecanismos de elusión tributaria y de planificación fiscal agresiva que terminan erosionando las bases imponibles en los distintos países en donde operan. Actualmente es un desafío importante para los países capturar sus rentas empresariales, en particular, las derivadas de la economía digital global y de las rentas de intangibles.

Detrás de esta problemática tributaria global, en el marco de las políticas BEPS (erosión de la base imponible y al traslado de beneficios, por sus siglas en inglés), se han creado los Pilares 1 y 2 en el Marco Inclusivo de la OCDE.  El Pilar 1 de OCDE establece un conjunto de reglas para la atribución de bases imponibles de la economía global y digitalizada. Su objetivo es conectar las ganancias de las grandes plataformas y de las empresas multinacionales (con ingresos superiores a 20 billones de euros por año) con las jurisdicciones donde efectivamente residen los usuarios y consumidores finales.  Mientras tanto, el Pilar 2 establece un Impuesto Mínimo Global, con una alícuota del 15% sobre las rentas (reales) contables de las empresas (con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros).

Actualmente, existen dificultades reales de implementación, sobre todo en lo referido al Pilar 1, que alcanza de forma global a las plataformas y que se propone centralizado. Algunas de las decisiones críticas, como dónde administrar el impuesto global y cómo relacionarse administrativamente con esas empresas multinacionales globales, estarían generando más problemas de los esperados inicialmente, en un mundo con liderazgo político fraccionado y con discusiones de temas que se encuentran pendientes de resolución.

 

¿Y el futuro?

Está claro que las plataformas han creado mucho valor. Prueba de ello son los millones de usuarios que son miembros de sus entornos y que usan diariamente sus servicios. También es evidente que su irrupción genera desafíos regulatorios relevantes a los que hay y habrá que responder.

Esta nota pretende aportar elementos para la comprensión de los debates más actuales sobre la forma que debería adoptar la regulación para que la sociedad pueda extraer el mayor beneficio posible de estas innovadoras, al tiempo que se lograran mitigar los potenciales efectos negativos en las varias dimensiones en las que la operación de las plataformas tiene impactos no triviales. Sin duda, las generaciones actuales y futuras tendrán que enfrentar estos debates y decidir cuál será el marco regulatorio que se aplicará a los gigantes del siglo XXI, ya que seguramente éstos no desaparecerán pronto.

Aunque con excepciones, los primeros pasos han sido dados mayoritariamente en Europa y en Estados Unidos, pero hasta el momento las intervenciones regulatorias deben ser consideradas como primeras aproximaciones a la resolución de los problemas planteados. Hay que tener presente que los marcos regulatorios están en constante evolución, intentando mitigar efectos negativos que surgen del proceso de innovación. En la práctica, la forma en que se vayan definiendo las nuevas regulaciones dependerá, ciertamente, de la información disponible por parte de los reguladores y del interés de todos los usuarios de las plataformas en crear entornos seguros y que creen oportunidades para todos por igual.

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(1) Entrada escrita para el Blog SUMA de CINVE www.suma.org.uy. Se agradecen los comentarios y aportes de Adrián Fernández, Gustavo Viñales y Fernando Lorenzo.

(2) Definición adaptada de Zach Church (2017) “Platform Strategy, Explained”, MIT Sloan.

(3) La DSA también define a los Motores de Búsqueda En Línea Muy Grandes (VLOSEs, por sus siglas en inglés), lo cual determina que Google y Bing también integren la lista.

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(*) Investigador de CINVE. Profesor de la Universidad ORT Uruguay. Doctor en Economía por la University of Missouri-Columbia. ([email protected])

Entrada escrita para el Blog SUMA de CINVE: www.suma.org.uy

Cinve crea un grupo de estudios que pondrá foco en propuestas para transformar el transporte público en Uruguay. Nuevo episodio de pódcast en Radio Carve

Descripción del episodio incluido en el Portal de Radio Carve:

«El Centro de Investigaciones Económicas (cinve) conformó un grupo de estudios especializado en transporte y movilidad que busca contribuir a la mejor comprensión, a la jerarquización y a hacer aportes a propuestas relacionadas con la transformación en estos asuntos.

Con la creación del Grupo de Estudios de Transporte y Movilidad (GETM) cinve se propone contribuir a la explicación de la importancia económica y social que tienen los servicios de transporte público en Uruguay y aportar propuestas de transformación que permitan la jerarquización de estos temas en la agenda de prioridades de las políticas públicas.

Las actividades del equipo de investigadores que conforma el GETM está orientado a la generación de estudios sobre la realidad actual del transporte público y a divulgar información sobre un conjunto de dimensiones relativas al desarrollo del sector en nuestro país.

El GETM fomentará la cooperación entre ámbitos académicos y profesionales, convocando a las empresas prestadoras de los servicios, a los trabajadores y a las instituciones públicas responsables del diseño y de la ejecución de las políticas públicas en la materia, bajo la premisa de que las iniciativas transformadoras sólo podrán materializarse en mejoras efectivas de los servicios de transporte público si las soluciones propuestas son susceptibles de ser implementadas y resultan satisfactorias para el conjunto de actores involucrados.

El economista Gonzalo Márquez, consultor especializado en Movilidad, Transporte y Energía e investigador del cinve, contó en Informativo Carve del Mediodía la tarea que tendrá este grupo de estudios, que presentará su primer diagnóstico formalmente el 5 de diciembre.

Márquez señaló que el transporte público “tiene todo” para convertirse en una política pública que perdure en el tiempo más allá del gobierno de turno, como la política de la transformación energética o de la que dio origen al Sistema Nacional Integrado de Salud.

El foco del grupo estará puesto específicamente en el transporte público, para mejorar los servicios que hay en la actualidad, resaltó el economista.

Por otra parte, se refirió a la transformación hacia la movilidad eléctrica, y destacó que el país tiene “condiciones excepcionales para avanzar rápidamente” en la incorporación de este nuevo sistema, sobre todo en sectores como el transporte público, la logística urbana y los vehículos que e dedican al traslado de personas.

“Ese proceso ya ha comenzado en Uruguay, pero debemos plantearnos como país objetivos ambiciosos. Ya hemos comenzado ese proceso, pero debemos acelerarlo, por razones que son muy válidas y relevantes, como las razones ambientales, energéticas pero también para bajar costos”, resaltó. «

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